Buenos Aires, 9 de noviembre de 2018. La Cámara Argentina de Internet –CABASE-, fundada en 1989, nuclea a más de 450 socios, principalmente proveedores de acceso a Internet, de infraestructura de TICs, de servicios, contenidos y aplicaciones on line y de comercio electrónico. Sus socios son en su mayoría PyMES y cooperativas, pero también grandes empresas nacionales e internacionales, universidades nacionales y entidades públicas municipales, provinciales y nacionales.
Desde su fundación, CABASE ha promovido el desarrollo de Internet en el país y ha defendido incansablemente a sus socios y a los usuarios de Internet, así como sus derechos frente a diversas amenazas y desafíos.
En el día de hoy hemos visto como un proceso legislativo, que llevó muchos años y en el que se oyeron las voces del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil, de distintos representantes del sector público, de relatores de libertad de expresión de la ONU y la OEA, de académicos y de miembros de la comunidad técnica, cuyo objetivo era incorporar al marco jurídico argentino estándares de protección de la libertad de expresión en Internet que ya gozan usuarios y emprendedores de la Unión Europea, Estados Unidos, México, Chile, Canadá, y Brasil, entre otros países, fue clausurado en el medio de una falsa dicotomía.
El proyecto de ley no sostenía la inmunidad o ausencia de responsabilidad de los intermediarios de Internet. Al contrario, establecía reglas claras para la atribución de responsabilidad a los intermediarios por los contenidos que generan o suben los usuarios. Estas reglas protegen tanto a los usuarios que producen contenidos como a los que consideran que sus derechos han sido dañados por esos contenidos.
Asimismo, el proyecto de ley no desprotegía a los titulares de los derechos de autor, ni de ningún otro derecho. Al revés, permitía que un juez, en tanto autoridad competente, decidiera frente a un conflicto entre distintos derechos de las partes, usando las reglas del debido proceso a través de un mecanismo expedito.
El proyecto de ley también permitía a los intermediarios seguir ofreciendo mecanismos alternativos para la protección de los derechos de todos los usuarios ante posibles afectaciones particulares. Estos remedios han demostrado ser efectivos para el respeto de los derechos de autor, entre otros derechos en juego, y muchos de estos intermediarios ya cuentan con programas efectivos de colaboración al respecto.
Lamentamos que la Argentina haya perdido una oportunidad histórica de saldar una vieja deuda en materia legislativa, protegiendo a sus usuarios y fomentando la libertad de expresión en Internet y alentando las inversiones.
Como industria seguiremos participando de todos los debates que se den sobre la materia, y sobre cualquier otro tema relacionado con el desarrollo de internet en nuestro país, siempre seremos parte del diálogo, e insistiremos en preservar los principios de Internet que dieron lugar a su desarrollo, tal como hoy la conocemos.
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